¿Las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño son aplicables en el Derecho Nacional?

El Comité de los derechos del niño fue creado a partir del artículo 43 de la Convención sobre los derechos del niño. Tal Comité está conformado por un grupo de expertos en la materia que tienen como función velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados con respecto de la Convención.

Así, este Comité es el órgano facultado, conforme al artículo 45 de la Convención sobre los derechos del niño, para recibir y examinar informes de los Estados y, en este sentido, expresar sus preocupaciones, emitir recomendaciones y sugerencias. Asimismo, cuenta con la facultad de emitir observaciones o recomendaciones generales en las que se desarrolla de forma amplia y detallada el contenido de los derechos enunciados en la Convención, así como las obligaciones estatales derivadas de éstos.

Bajo este orden de ideas, las observaciones y recomendaciones expedidas por el Comité, desarrollan ciertas medidas o acciones que se espera los Estados realicen para cumplir plenamente con la Convención, las cuales son interpretadas a partir de los principios y derechos contenidos en la propia Convención. Aunque en principio las observaciones y recomendaciones emitidas por el Comité no son expresamente vinculantes, se pude decir que, al cumplir con una función interpretativa, deben ser tomadas como orientaciones que definen la aplicación de la Convención, pues por su contenido, dan sentido, funcionalidad y contenido a la misma Convención.

Es decir, las observaciones emitidas por el Comité cumplen con la función de aclarar y determinar el alcance y contenido de las disposiciones de la Convención sobre los derechos del niño las cuales son enteramente vinculantes para el Estado mexicano conforme a los artículos 1o y 133o constitucionales), por lo que se puede entender que es indispensable para el Estado mexicano acatar dichas determinaciones, pues sólo así cumplirá plenamente y de buena fe las obligaciones contraídas a partir de la Convención.

Es de tal importancia dicha facultad interpretativa del Comité, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha empleado, en numerosas ocasiones, sus observaciones para definir el sentido y alcance de lo que la Corte denomina “el Corpus Iuris Internacional sobre los derechos de la infancia” definiéndose esto como el conjunto de instrumentos internacionales que establecen las normas de protección que los Estados deberán adoptar en torno a los niños, niñas y adolescentes.

Sumado a lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha empleado las observaciones del Comité de los derechos del niño para definir el contenido del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2] pues este artículo sólo señala al texto de la letra que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

En este sentido, cabe aclarar que la Corte Interamericana, al resolver el caso Villagrán Morales y otros (“niños de la calle”) contra Guatemala, señaló que tanto la Convención Americana (con su artículo 19) como la Convención sobre los derechos del niño y otros instrumentos relacionados, forman parte de un “muy comprensivo Corpus Iuris Internacional de Protección de los Niños” que debe servir para fijar el contenido y los alcances de las obligaciones de los Estados en torno a los niños, niñas y adolescentes.

Posteriormente, esta interpretación fue ampliada en el caso del Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay en donde la Corte Interamericana utilizó expresamente una observación general del Comité para dar contenido a las obligaciones Estatales convencionales[5]; bajo este entendido, se puede observar que el contenido de la observación general citada se tornó obligatorio para los Estados so pena incurrir en responsabilidad internacional por violar tanto la Convención Americana como la Convención sobre los derechos del niño.

De esta forma, la Corte Interamericana ha empleado, en repetidas ocasiones, observaciones generales, como parte del “Corpus Iuris de Protección de los Niños”, al momento de declarar responsabilidad de los
Estados por violaciones a la Convención Americana, particularmente, respecto al Estado Mexicano, se encuentra el caso Rosendo Cantú y otra contra México en donde la Corte empleó también observaciones generales del Comité para determinar la responsabilidad del Estado.

Bajo este orden de ideas, es de señalar que existen tres preceptos que los jueces y juezas deben adoptar al momento de resolver un caso en donde un niño niña o adolescente esté involucrado. En primer lugar, el deber de realizar un control de convencionalidad[7], obliga a las autoridades mexicanas a prestar atención al “Corpus Iuris Internacional de Protección de los Niños” y así, cumplir los señalamientos contenidos en las observaciones generales realizadas por el Comité.
De la misma forma, si entendemos la función normativa del interés superior del menor[8] como pauta interpretativa[9], este principio obliga a considerar e interpretar las normas de la manera en que los niños, niñas o adolescentes y sus intereses sean prioridad en la resolución de los casos, en este sentido cabe destacar que, las interpretaciones que realiza el Comité suelen ser las más adecuadas y congruentes con dicho principio. Asimismo y en tercer lugar, conforme al principio pro personae consagrado en el artículo 1o constitucional y en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los juzgadores y juzgadoras están obligados a adoptar la interpretación menos restrictiva o más protectora de la persona por lo que, al momento de interpretar las obligaciones estatales en torno a niños, niñas o adolescentes, si una interpretación del Comité o la Corte resulta más protectora o menos restrictiva, deberá ser adoptada al resolver.

De esta forma se puede concluir que, a pesar de que en principio las observaciones y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño parecieran tener un carácter meramente informativo, su contenido y relevancia para el sistema de los derechos humanos, como instrumentos de interpretación que definen la aplicación de la Convención, les ha conferido una importancia tal que, en la actualidad, son fundamentales en la interpretación y aplicación de las normas nacionales e internacionales.

Análisis por Luis Xavier Carrancá Álvarez
La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C.
México, D.F. 2013

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