¿Es tiempo de la escuela judicial?

En la Constitución Política se prevé en el orden federal una institución y un sistema para el nombramiento de los juzgadores. Desde 1995 —hace 20 años— en el artículo 97 se dispone que los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito “serán nombrados por el Consejo de la judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca la ley”. En el 100 se dice que “La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para d desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia”.

La Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación —el ordenamiento al que se refieren los dos preceptos constitucionales— establece desde su inicio de vigencia, también en 1995, un sistema de oposiciones dirigido más bien a controlar si los aspirantes al cargo poseen ciertos conocimientos técnico-jurídicos, si saben cuál es el Derecho vigente en tal o cual materia y si han repasado a conciencia los repertorios jurisprudenciales.

La idea subyacente a la Ley Orgánica está claramente anclada en esa parte de la tradición jurídica romano-canónica que ve en el juez al funcionario estatal que domina la técnica de la aplicación del derecho en la solución de controversias jurídicas, gracias a los conocimientos acumulados mediante la práctica en las diversas jerarquías del aparato de justicia. En ese sentido, se dice que el juez, para llegar a serlo, tiene que seguir una “carrera” dentro de la judicatura después de concluidos sus estudios universitarios. La función de juzgar es percibida como el resultado del entrenamiento en juzgados y tribunales, y se estima que es la meta de la carrera. Dentro de tal visión, ese conjunto de conocimientos constituye la esencia de la acción de juzgar y, por tanto, quien los tiene, el juez, es propiamente un “profesor”, un “profesional”, alguien que ejerce una profesión.

Los concursos de los que habla la Ley parecieran estar hechos para certificar ese conocimiento: un cuestionario (preguntas de opción múltiple sobre temas legales y jurisprudenciales), la solución de casos prácticos (propiamente, redactar un par de proyectos de sentencia) y un examen oral (a mi modo de ver con preguntas sobre temas más propios de la licenciatura: qué son las excepciones procesales, cuáles son las que permite la legislación mercantil, qué requisitos debe colmar cada una para prosperar, etcétera).

Los resultados de estas evaluaciones más la suma de algunos Ítems a los que se llama “factores de desempeño” o “méritos” —antigüedad, cursos, categorías del escalafón, ausencia de notas desfavorables en el expediente personal— constituyen dicha certificación y quien alcanza el puntaje asciende a juez (nótese que quedan fuera de examen dos rasgos importantísimos del perfil de un juez: no se mide su capacidad gerencial como jefe de oficina ni se constatan al menos dos rasgos de carácter necesarios: 1) la templanza, como la disposición de ánimo para usar con moderación el extraordinario poder del que será investido, a la vez que la certeza de que las leyes de responsabilidad no son los únicos y ni siquiera los más importantes límites de sus poderes, y 2) la prudencia como la aptitud de deliberar —incluso y sobre todo consigo mismo— “cuando ninguna demostración es posible o suficiente”, “cuando es necesario desear no sólo el buen fin, sino los buenos medios que llevan a él” (André Comté-Sponville, Pequeño tratado de las grandes virtudes).

Pero hoy en día, a diferencia de 1995, la Constitución, en el primero de sus artículos, también habla del deber de toda autoridad —y los jueces eso son— de conocer el derecho de los derechos, si cabe la frase, y de ejercer sus poderes con base en principios y valores —jurídicamente hablando— en temas que exceden los que tradicionalmente llegaban al ámbito judicial y que afectan a menores de edad, personas con orientación sexual distinta, personas con discapacidad, migrantes, minorías étnicas, consumidores. Esto supone, como bien lo han hecho ver muchos, un desafío permanente a las competencias argumentativas de los juzgadores.

Sí, han de saber derecho y contar con experiencia en los tribunales y juzgados, pero ahora, precisamente por el mandato del artículo 1 constitucional, también deben ser filósofos y políticos —permítanseme estos adjetivos a falta de una mejor palabra, pero quiero decir hombres y mujeres capaces de debatir en la vida pública asuntos morales y políticos desde la perspectiva del jurista. Y parece que un sistema de oposiciones como el que establece y regula la Ley Orgánica no sirve a ese propósito.

La Ley, sin embargo, podría ser vista con imaginación y altura de miras, y desde esa perspectiva, interpretarse en un sentido mejor, acorde con el artículo primero constitucional. Incluso sin necesidad de acudir al expediente de la reforma legislativa, pienso, es posible construir un buen argumento para dar cauce nuevo al sistema de oposiciones, y ese es el de la escuela judicial como formadora de jueces, en la que en cursos más o menos prolongados, se constate en quien aspira a ser designado juez la capacidad técnico-jurídica, al tiempo que se le dan herramientas para interpretar el mundo, se promueve la discusión ética y se le prepara gerencialmente para hacerse cargo de una oficina judicial.

No obstante, el intérprete natural del sistema de normas que regulan la carrera judicial y los concursos de oposición no ha logrado consensuar una idea semejante. Esto es grave.

Aunque al Consejo de la Judicatura Federal se atribuyen otras muchas competencias (la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, exceptuando a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Electoral), ninguna es tan importante, ninguna puede ser tan importante como la de designación de magistrados de circuito y jueces de distrito. Si el Poder Judicial significa el poder de juzgar, de resolver litigios, y éste es propio de los jueces, ¿qué más valioso puede haber para el Consejo que cuidar que la designación de éstos se dé en condiciones idóneas?

Con base en las dos disposiciones constitucionales a que ya me referí, el Consejo, en 20 años de existencia, ha designado a un número sumamente amplio de Magistrados y Jueces y al hacerlo, con desigual fortuna, ha ensayado múltiples procedimientos. Este año lleva abiertas ya un sinnúmero de convocatorias para aspirar al cargo de juez federal.

¿Se ha hecho bien, institucionalmente hablando, en esta materia? No, no se ha hecho bien.

Primero, porque en estos 20 años el Consejo sigue sin encontrar el método adecuado para hacerse de nuevos juzgadores, a grado tal que ha llegado a declarar desiertos varios concursos. Y lo ha intentado todo en un número de convocatorias del que ya hasta perdimos la cuenta: evaluar méritos (aunque sin un baremo claro), practicar exámenes psicométricos (sumamente cuestionados, hasta por quienes los diseñaron), fijar requisitos adicionales a los de ley (pero inconsistentemente, pues a veces fija unos que luego quita para poner otros o para mezclarlos), establecer modalidades cambiantes de un concurso a otro en el tipo y la forma de los exámenes (con desconcierto para todos), imponer cursos previos a la designación (pero no ajustados a los tiempos pedidos por los especialistas en formación), restringir el acceso a la inscripción al concurso sobre bases no claramente justificadas (lo que inconforma a muchos, que deciden pelear en sede judicial), aumentar o disminuir el mínimo de calificación aprobatoria… ¿Qué ha producido lo anterior?.

Si bien nos fijamos y si somos sinceros, pese a tantos virajes, los jueces que tenemos son los mismos que se hubieran tenido con una examen psicológico más o menos, con un requisito de antigüedad de cinco años o de tres, con un examen de 50 reactivos o de 100, con preguntar jurisprudencias en materia común o de todas las materias, con un caso práctico de veinte fojas o de diez, con una examen oral con preguntas abiertas o con temarios previos. Se ha desperdiciado tiempo en minucias, en problemas menores, no fundamentales.

Nada. Ningún cambio. Hoy por hoy la única certidumbre que nos acompaña es que tenemos el mismo tipo de juez desde hace 20 años: se ha constatado que los códigos y el Semanario son parte de sus lecturas, que es capaz de hacer proyectos de sentencia con rapidez y cierto grado de argumentación y que no enmudece ante un auditorio de tres sinodales. No se ha resuelto cómo encontrar evidencia de sus adornos morales ni se sabe qué piensa acerca del amplio debate público de las sociedades democráticas. Tampoco se ve si tiene para sí la capacidad de gobernar un juzgado.

Segundo, el Consejo de la Judicatura Federal ha entendido que la escuela judicial puede servir para la capacitación de puestos secundarios (actuarios, secretarios) y para la actualización permanente; tal vez para el perfeccionamiento de algunas habilidades para mejor diligenciar en la práctica judicial. Últimamente, a mi entender, ha cometido un despropósito, al dar al Instituto la función de capacitación técnico-administrativa, propia del Consejo y de sus órganos auxiliares (cursos de capacitación en cómputo, por ejemplo) Pero hasta allí ha querido que llegue el Instituto de la Judicatura Federal. O hasta allí ha visto sus posibilidades.

Y yo veo este Instituto y sé, como ustedes, que lo que hace lo hace bien. No puede dejar de convocarnos a lo que constituye su tarea actual. Pero intuyo, con tantos otros colegas, que es capaz de hacer más y que para ello sólo es necesario que un grupo de 7 mujeres y hombres —un grupo aún nuevo— se convenzan, como estamos convencidos muchos, de que la escuela judicial formadora de jueces es la vía para hacer la Constitución en lo que atañe a nuestro tema; que es la herramienta sin usar.

Concluyo con una cita más o menos extensa. Ruego me perdonen:

No tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es lo bastante larga y, si toda ella se aprovecha bien, tiene la amplitud necesaria para la consecución de la mayor parte de las cosas. Pero si transcurre entre excesos y negligencia, y no se emplea en nada bueno, es sólo en nuestra última hora que sentimos que se va, y que se va lo que ni comprendimos que pasaba. Esto no significa que la vida no sea breve; significa que la abreviamos, y que no es escaso el tiempo que nos dura, sino que lo derrochamos. Y si las riquezas en un mal dueño se agotan, y en cambio se acrecientan con el buen gestor aunque en su inicio sean pocas, así nuestro tiempo de vida rinde bien sólo al que bien lo usa. La vida, si se sabe usarla, es larga. Pero a uno lo domina la avaricia; a otro, el afán de ocuparse de asuntos vanos, de trabajos superfluos; uno se impregna de vino; otro se abandona a la apatía. Ese se cansa al estar siempre atento de la opinión ajena; aquel se agota de un lado a otro con la esperanza del lucro. Esos de allá viven apesadumbrados por los peligros, bien para sí, bien ajenos. Hay los que voluntariamente se consumen en el culto a sus superiores. Muchos son los que sufren por la fortuna de sus prójimos o que se apesadumbran con la propia, que ellos mismos estiman escasa. Unos son indolentes, nada les place, nada les gusta. Los más andan sin propósito, sin el ánimo de perseguir su propia excelencia, y se precipitan a cada paso a planes diferentes del que primigeniamente seguían, inconstantes e insatisfechos. De estos me pregunto: ¿vivieron?, ¿en el tiempo que estuvieron, vivieron? Si fue así, sólo fue en contadas ocasiones, entre las cuales lo que media no es vida sino tiempo. No vivieron; existieron.

Hace dos mil años, Séneca inició así su corta pero profunda, y bella, disertación acerca del destino humano: Sobre la brevedad de la vida. Sus palabras, empeñadas en demostrar a Paulino la necesidad de hacerse cargo de la propia vida, de bien vivirla ocupado de las cosas esenciales, de ser diligente con el propio tiempo, ha sido la cartilla moral de muchos individuos. Esa dimensión individual, empero, no agota las posibles lecturas del fragmento. Pienso que es dable aplicar la misma reflexión a las instituciones. También los grupos y los colectivos tienen un tiempo, en el cual o cumplen su cometido a cabalidad o de pronto ven que los años han pasado sin demostrar que se aplicaron diligentemente a conseguir los fines para cuya consecución fueron creados. En lo que hace al nombramiento de los jueces, no permitamos que el futuro nos condene por la inacción o por la veleidad de nuestros designios o por nuestra incapacidad de trabajar, y duro, en lo esencial y no en lo superfluo.

Es tiempo de la escuela judicial.

Texto extraído de  Miguel Bonilla López (@BOLM700519)

 

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